El Ejecutivo incluyó este traspaso en uno de sus llamados decretos ómnibus que comparte texto de con la subida del salario mínimo interprofesional o la extensión de las bonificaciones al transporte público.
El traspaso viene con condiciones. El palacete, de 1.309 metros cuadrados, sería propiedad del PNV. Pero, a modo de transición, el instituto Cervantes podrá permanecer en este edificio hasta el 31 de diciembre de 2030. En este período, el Gobierno le abonaría al partido nacionalista un alquiler al precio de mercado. El decreto incluye dos compensaciones por otros edificios en Noyon, al norte de Francia y Compans, cerca de París.
El PNV celebra los avances de lo que consideran una reclamación histórica. Ven un éxito que el Gobierno acredite que la propiedad es de su partido, y no del Gobierno vasco, pese a que el ejecutivo llegó a establecerse allí.
Según desveló El País, una investigación de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática acreditó que el inmueble se compró con fondos recaudados por el PNV. El PP, no está de acuerdo. Antes y ahora defendió públicamente que no está contrastado que el inmueble perteneciera al partido nacionalista. El PP, debido a un acuerdo de investidura con el PNV, aprobó en 1998 una ley de restitución de bienes y derechos incautados durante la Guerra Civil. El Supremo estimó que los bienes fueron "adquiridos en virtud de una sentencia" y no incautados, por lo que rechazó el recurso.
C.P.N. Redacción. La Voz de Galicia, sábado 18 de enero de 2025.
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