El primer ministro francés, Édouard Philippe, asegura que es una "primicia mundial". En cualquier caso será una medida que buscará acabar con un "despilfarro escandaloso", el de los millones de productos no alimentarios -desde ropa a productos higiénicos y cosméticos o electrodomésticos- que cada año son destruidos porque no se venden. Francia pretende prohibir a partir de 2023 esta práctica, ampliando así una medida que ya se aplica a los alimentos. En vez de tirar o destruir, reciclar o donar. Esa es la consigna que el Gobierno francés quiere convertir en ley para cumplir con el espíritu de economía circular de estos tiempos.
Según cálculos del Ejecutivo, cada año se tiran o destruyen en Francia 650 millones de euros en productos no perecederos. "Es un despilfarro que choca, que desafía la comprensión", dijo Philippe al anunciar ayer la normativa junto con la secretaria de Estado de Transición Ecológica, Brune Poirson. Ella es la autora de una ley de economía circular y contra el despilfarro en la que se incluirá la nueva prohibición y que se prevé sea presentada en consejo de ministros el mes que viene, aunque todavía no hay una fecha para su paso por la Asamblea Nacional. Sin embargo, sí se ha fijado ya cuándo se implantará: la medida será aplicada a partir de finales de 2021 en todos los productos para los que exista una planta de colecta y reciclaje y, para el resto, a partir de 2023...
Philippe aseguró que la normativa surge del "gran debate nacional" que organizó el Gobierno durante los primeros meses del año en respuesta a las protestas de los chalecos amarillos. "En el gran debate, muchos franceses dijeron que estaban dispuestos a participar en la transición ecológica necesaria, que querían acciones y que querían que les acompañáramos en esa transición ecológica, pero no solo mediante impuestos", dijo al respecto. Medidas como la ahora anunciada contribuyen a "favorecer la economía circular" y a crear un modelo de crecimiento que evite la super producción y el consiguiente despilfarro.
Silvia Ayuso. París. El País, miércoles 5 de junio de 2019
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